ESPERANDO RESPUESTA Y HACIENDO SEGUIMIENTO
Bogotá, 6 de octubre de 2011
Dr
Germán Vargas Lleras
Ministro del Interior
Bogotá
Ref: Solicitud de mesas de trabajo para diálogo y debate sobre el
proyecto del nuevo Estatuto Nacional de Drogas y Sustancias Psicoactivas que
modificará le ley 30 de 1986.
Respetado ministro,
Conocedores de la intención del gobierno nacional de actualizar la
política nacional de sustancias psicoactivas, a través de la reforma al
Estatuto Nacional de Estupefacientes (ley 30 de 1986), un grupo de ciudadanos
se ha reunido para estudiar la propuesta del gobierno nacional, con el ánimo de
aportar en su construcción desde distintos sectores tales como la academia, los
investigadores, los operadores de política, los centros de atención a
consumidores, los consumidores organizados, las plataformas internacionales,
etc.
Queremos solicitarle señor ministro que abra cinco (5) mesas de
trabajo con el ánimo de debatir, dialogar
y construir de manera conjunta una propuesta acorde a la realidad del
tráfico y consumo de sustancias psicoactivas. Para dichas mesas de trabajo
hemos seleccionado expertos, investigadores y ciudadanos del más alto nivel
para dialogar con las instituciones.
Principios
generales
Las mesas de trabajo deben ser vinculantes, lo que salga de ellas
debe ser tenido en cuenta a la hora de actualizar el estatuto nacional de
drogas y sustancias psicoactivas. Sabemos que tenemos posiciones convergentes y
distantes, a veces irreconciliables, pero así mismo entendemos que el poder de
decisión reposa en ustedes, pero el debate sincero y respetuoso dejará buenos
dividendos. Para lograr tal fin, debe quedar constancia de lo que se discuta,
registrándolo en medios de comunicación y en el congreso o en algún otro
mecanismo de control. Redes internacionales se encargarán de la
veeduría de lo que se acuerde en las mesas.
Crítica
general al enfoque de la propuesta del gobierno
La propuesta del gobierno no se articula en lo estructural con la
“Política Nacional para la Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y
su Impacto”. No existe evidencia alguna que justifique la persecución de los
consumidores de sustancias psicoactivas como política efectiva para disminuir
el consumo. Centrarse en imponer sanciones y en la criminalización de todas las
actividades alrededor del consumo amenazaría la sostenibilidad fiscal del
Estatuto. Se recomienda usar la categoría “sustancia psicoactiva” en lugar de
droga, narcótico o estupefaciente pues esta permite tratar el fenómeno desde
una perspectiva que abarca todas las sustancias, tanto las legales (alcohol,
tabaco) como las que están sujetas a
fiscalización; en ambos casos, su consumo puede tener un alto impacto en la
salud pública.
Sugerencia de mesas de trabajo.
1)
Narcotráfico y Seguridad: La estrategia actual en el país no ha sido un mecanismo efectivo
para acabar con la estructura criminal detrás del narcotráfico. La inmensa
mayoría de las personas encarceladas por crímenes de drogas no se les ha podido
probar vínculos importantes con el narcotráfico, poniendo en entredicho la
sostenibilidad fiscal de esta estrategia. Se debe pensar en enfocar los
esfuerzos en combatir los efectos indeseados de la actual política de sustancias
psicoactivas, como lo son la violencia y la corrupción; y no en perseguir
genéricamente toda actividad alrededor de las sustancias psicoactivas sujetas a
fiscalización. Obligar a propietarios de establecimientos públicos y a
profesores a denunciar todo consumo mina las relaciones de confianza necesarias
para el buen funcionamiento. Debe haber un control social basado en la
convivencia y la conciliación, no en la persecución y la delación.
2)
Cultivos y desarrollo alternativo: La producción y el porte de sustancias psicoactivas para consumo
personal está permitido por los tratados internacionales. Se debe pensar en
formalizar métodos para que los mismos usuarios produzcan lo que consumen y así
desviar recursos que de otro modo terminarían financiando actividades
criminales. En particular no se puede criminalizar la posesión de semillas. Es
indispensable implementar un sistema de regulación para los productos a base de
coca. A los agricultores se les debe desincentivar de la dependencia de los
cultivos ilícitos, mediante el fomento de medios de vida alternativo,
respetando las propuestas autónomas de comunidades indígenas y
afrodescendientes, y nunca mediante erradicación forzosa. La sostenibilidad de
la política nacional de sustancias psicoactivas se puede ver amenazada si
prevalece un enfoque de fuerza, que criminaliza a los cultivadores, para inducir
a pactos de erradicación “voluntaria”. Se debe discutir la efectividad y la
constitucionalidad de la política de aspersión aérea: ¿cuál es la justificación
de intoxicar el suelo de nuestro propio país, y en particular de las zonas
protegidas, con un arma química? ¿Qué tan conveniente es que la Policía
Nacional sea al mismo tiempo Juez y Parte en el conocimiento y decisión de las
demandas sobre daños causados a terceros por efecto de las fumigaciones? Seguir
concentrando en una misma entidad estrategias alternativas a los cultivos
ilícitos y acciones de fuerza, envía un mensaje equivocado y contraproducente. Las
decisiones de uso de la fuerza y la criminalización no pueden seguir siendo el
núcleo de tratamiento frente a usuarios y productores de materia prima de
sustancias psicoactivas .
3)
Consumo, atención y prevención: El consumo de Sustancias Psicoactivas es una realidad. En consecuencia, el enfoque
no puede estar centrado exclusivamente en prevenirlo. Se debe implementar
también políticas de reducción de riesgos y de mitigación de daños. No se puede
penalizar todo consumo pues esto aleja a los que necesitan atención de los
centros asistenciales. En particular, el sólo consumo no puede ser criterio
suficiente para destruir o trastornar el núcleo familiar, penalizando a las madres gestantes o en período
de lactancia y apartando a los menores consumidores de sus escuelas u hogares.
Toca pensar hasta que punto conviene mostrar a todo consumidor como una víctima
más, ya que esto puede minar la sostenibilidad fiscal de la política de
sustancias psicoactivas
4)
Institucionalización de la política y cooperación internacional: Es indispensable contar, por un lado, con la participación de los
ciudadanos, y en particular de los consumidores, en el diseño y la implementación
de la política nacional de sustancias psicoactivas; y por el otro, con un
presupuesto establecido como parte del Plan de Desarrollo para financiar la
política de prevención de consumo, reducción de riesgos, mitigación de daños y
la generación de oportunidades para las poblaciones vulnerables.
Adicionalmente, parte de los impuestos recaudados del consumo de sustancias
psicoactivas (tabaco y alcohol) y el 40% de los bienes incautados al
narcotráfico deben complementar este presupuesto. Se debe estrechar los lazos
con organizaciones no-gubernamentales internacionales para que con su
incidencia se puedan además utilizar parte de los dineros confiscados a los
narcotráficantes en el exterior y así fomentar la cooperación internacional.
Frente a una nueva política de sustancias psicoactivas es necesario: primero,
identificar en qué ha sido acertada y en qué no la política actual; y segundo,
hacer un balance del Consejo Nacional de Estupefacientes, en particular falta
un balance profundo del fracaso de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Por
su parte, el desarrollo alternativo no puede seguir dependiendo de recursos de
la cooperación internacional, en consecuencia, se deben diseñar estrategias que
den sostenibilidad a los programas y a la vez, enfocar estos en los sitios
donde se reiteran los mapas de cultivos ilícitos, principalmente en zonas de
colonización. Los recursos incautados al narcotráfico deben soportar una
estrategia sostenible de desarrollo alternativo frente a los cultivos ilícitos.
5)
Ciencia, investigación, pedagogía de sustancias psicoactivas y
cambio cultural: La solución a los
problemas vinculados a las sustancias psicoactivas no son cursos o clases de
prevención de consumo. Las grandes
campañas centradas en mensajes son muy costosas y no sólo no reducen el consumo
sino que tienen un efecto boomerang incrementándolo. Se prefieren las
campañas localizadas y focalizadas en lugares geográficos, en grupos sociales,
en sustancias y en problemas específicos pues son más efectivas y menos costosas. Se debe comprometer a los medios de
comunicación ofreciéndoles orientaciones
que permitan llegar a un acuerdo sobre cómo tratar el tema. Igualmente
se debe formar a los maestros, a los especialistas de la salud y a los agentes
de la ley. Toca empezar a cambiar la mentalidad que asocia sustancia
psicoactiva con delito: el problema no está en la sustancia sino en el uso que
se le hace. Igualmente toca enfrentar la realidad de que no toda adicción es
curable pero sí es administrable: la adicción puede resultar una condición
crónica y no una falta moral que se corrige con unas cuantas semanas de
tratamiento. La educación basada en la evidencia científica es la más efectiva y por eso es indispensable
promover la investigación sobre las sustancias psicoactivas.
El consumo de sustancias psicoactivas es una actividad riesgosa
que puede tener un alto impacto en la salud pública, de aquí la necesidad de
una política que lo encare. El tráfico de sustancias psicoactivas sujetas a
fiscalización le ocasiona grandes estragos a la nación, de aquí la necesidad de
una política que lo combata. Desafortunadamente la estrategia actual de lucha
contra las sustancias psicoactivas es costosísima y no ha sido efectiva en
erradicar el problema. En el mejor de los casos ha servido para contenerlo,
pero en la mayoría lo ha agravado.
Dentro del nuevo paradigma
de sostenibilidad fiscal de las políticas públicas, es indispensable que el
gobierno identifique cuáles políticas han traído resultados y cuáles no, ya que
en materia de sustancias psicoactivas
las políticas más costosas generalmente son las menos efectivas. Por eso le
queremos pedir señor ministro que aproveche el capital humano de la nación,
somos muchos los que hemos acumulado experiencia en la materia y queremos
servirle al país. Juntos podemos construir una política que le sirva no solo al
país sino que sea ejemplo para toda la región.
Anexamos argumentos más específicos para dar pie al debate y estas
son las organizaciones nacionales e internacionales que nos acompañan en esta
propuesta hasta ahora.
Internacionales
TNI
- Trannational Institute TNI Programa Drogas y Democracia - Holanda
FAUDAS
Federación Estatal de asociaciones de personas usuarias de drogas – España
ASUD - Association des usagers de drogues
– Francia
ENCOD European Coalition for Just and
Effective Drug Policies - Europa
ENERGY
CONTROL - España
15
M Políticas de drogas y Sostenibilidad - España
ESPOLEA
– México
Cultura
Joven – México
INTERCAMBIOS
– Argentina
ASAUPAM
Asociación de intervención comunitaria en drogas – Barcelona
AUPA`M
Agrupación de usuarios y profesionales del Bus de metadona – Barcelona
CASO
PORTUGAL Consumidores organizados
sobreviven asociados – Portugal
ARSU
– FESTA Reducción de riesgos y
mitigación de daños – España
RARUS
– Red Argentina Reducción de Riesgos y
daños – Argentina
STOP THA WAR ON DRUGS - Inglaterra
Colombia
ATS
Corporación Acción Técnica Social Bogotá
Échele
Cabeza cuando se dé en la cabeza – Bogotá
Proyecto
Legalización Colombia – Cali
Colombiannabis
– Bogotá
CCC
Comunidad Cannabica de Colombia – Medellín
Caliweed
– Cali
Unión
Cannabica de Bogotá
Las
plantas no son como las pintan – Cali
Universidad
Pedagógica Nacional – Bogotá
Estudiantes
por una política de drogas Sensata – Bogotá
Dosis
de Personalidad – Bogotá
Hoja
Blanca – Bogotá
Movimiento
Cannabico de Barranquilla Colombia – Barranquilla
Fundación
Procrear – Bogotá
Corporación
Temeride – Pereira
Consentidos
– Bucaramanga
Arca
de Noe - Pasto
FUNDASER
– Popayán
Corporación
Viviendo – Cali
Surgir
- Medellin
Para
avanzar en el debate pueden comunicarse con:
Atentamente
Julián
Quintero
julian.quintero@acciontecnica.com Cel
3103307504
Ricardo
Vargas - rivarme@gmail.com – 2328575
Raul
Felix Tovar - direccionejecutiva@corporacionviviendo.org – Cel 3148906515